Un 15% del profesorado teme sufrir agresiones, y un 67% ve en el estrés y la depresión el principal riesgo laboral
Un estudio de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT) concluye que se está incumpliendo "sistemáticamente" la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los centros educativos de Formación Profesional, y añade que un 15% de los docentes tiene miedo a sufrir agresiones.
El informe, realizado con la colaboración de CCOO y la Confederación Española de Centros de Enseñanza, lleva por título "Investigación de las Condiciones de Trabajo y Evaluación de la situación en materia de Prevención de Riesgos Laborales en los Centros de Formación Profesional".
El documento se basa en encuestas realizadas a los propios docentes, y muestra que el trabajador de la Formación Profesional siente que los mayores riesgos de su trabajo son el estrés, la depresión y la ansiedad.
Esto se refleja en que el 67% de los encuestados tienen la percepción de que en su actividad laboral existe el riesgo de padecer estrés, depresión u otro tipo de trastornos de origen psicosocial.
El informe destaca también que un 15% de los trabajadores encuestados afirma que existe riesgo potencial de sufrir agresiones físicas en su centro.
Sin embargo, el personal docente consideró "escasas" las probabilidades de sufrir un accidente laboral en su puesto de trabajo, que reconocen haber tenido un 7% de los trabajadores.
En cuanto a la legislación, el informe deja patente que el 24,3 % de los trabajadores desconocen la existencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), hecho que FETE-UGT califica de "realmente preocupante".
Además, continúa el estudio, un 48% de los trabajadores de los centros de Formación Profesional no han sido informados de los riesgos concretos de su puesto de trabajo.
Esto supone un grave incumplimiento del artículo 18 de la LPRL, según la federación, con el agravante de que estos docentes suelen manejar en sus clases sierras, prensas, compuestos químicos tóxicos, y otros materiales potencialmente peligrosos.
Esta falta de información afecta especialmente a los centros de enseñanza pública y privada y en menor medida a los trabajadores de la enseñanza concertada.
La situación tampoco parece ser mucho mejor al analizar la formación o adiestramiento de los docentes para la realización de su trabajo de manera segura, pues las cifras señalan que el 52,4% asegura no haber recibido ninguna información.
Por último, sólo a la mitad de los trabajadores (53%) se les ofrece la posibilidad de realizar revisiones médicas, tal y como establece el artículo 22 de la LPRL, y sólo el 36% afirma que esas revisiones son específicas a los riesgos y peligros de su puesto de trabajo.
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