Los 21.000 empleados públicos de la Generalitat recibirán formación teórica y práctica de carácter obligatorio sobre prevención de riesgos laborales gracias a un Plan Integral que pretende, entre otros objetivos, inculcar una "actitud de interés por la seguridad y salud" en este ámbito.
El conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, ha presentado ayer esta iniciativa "pionera en España", que tendrá una duración estimada de cuatro años y se realizará dentro del horario laboral de los funcionarios.
El primer objetivo del Plan Integral, según ha expuesto el conseller, es facilitar la formación inicial "mínima" sobre los riesgos del sector y las medidas preventivas aplicables.
También pretenden "alcanzar una actitud de interés por la seguridad y la salud" que incentive al alumnado a "iniciar cursos sobre riesgos específicos".
Para ello, promoverá y prestará la formación necesaria en prevención de riesgos labores entre el personal "que compone todos los niveles de la línea jerárquica de la Administración del Consell y Justicia".
Asimismo, el Plan pretende "sensibilizar para que la prevención se integre en el conjunto de sus actividades y decisiones", ha puntualizado De Rosa.
El proyecto se estructurará en dos fases: una inicial para todos los puestos de trabajo, que tendrá ocho horas de duración, y otra específica por puesto, de siete horas de duración.
El Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) se encargará de poner en marcha "todo el operativo establecido para el seguimiento y evaluación de las acciones formativas", tanto en su fase de ejecución como de los resultados finales del mismo.
Según ha explicado el conseller, para la "implementación" de este plan se diseñarán "los materiales didácticos que resulten adecuados", como guías metodológicas, campañas de publicidad, cuestionarios y pruebas de evaluación.
En este sentido, ha destacado la Guía Básica General de Prevención de Riesgos Laborales -presentada ayer-, que contienen los principios básicos y conceptos generales sobre esta materia.
Se trata, según De Rosa, de "un ambicioso proyecto formativo" que pretende "involucrar a todo el personal en la tarea de conseguir unas condiciones de trabajo seguras y saludables" que faciliten el desempeño de sus labores y optimicen su desarrollo profesional.
A juicio del conseller, "avanzar en la lucha contra los riesgos" y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios "repercutirá en un incremento de los niveles de calidad de los servicios públicos".
De Rosa opina que en "necesario" que el trabajador "interiorice la formación" no sólo como un derecho básico, sino como "un verdadero deber"
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