18 de noviembre de 2024
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El consejero andaluz de empleo dice que la sanción a dos empresas jerezanas demuestran «tolerancia cero con la siniestralidad laboral»

El consejero andaluz de empleo dice que la sanción a dos empresas jerezanas demuestran "tolerancia cero con la siniestralidad laboral"

El consejero andaluz de Empleo en funciones, Antonio Fernández, valoró "positivamente" la sanción de 601.012 euros impuesta por el Consejo de Gobierno de la Junta a dos empresas jerezanas por un accidente laboral que causó dos muertos, lo que se traduce en el "mensaje claro" de que "hay tolerancia cero con la siniestralidad laboral".

En declaraciones a los periodistas, Fernández recordó que fue la Consejería de Empleo la que propuso dicha sanción para las empresas Al Trote Ferrallas, SL, y Grupo Inmobiliario Fénix Camacho, SL., la sanción "más alta de la legislatura" por tratarse de un hecho "tipificado como infracción muy grave" y que "viene precedido por una condena penal".

Fernández insistió en que la Junta tiene "tolerancia cero" con la siniestralidad laboral y reiteró el compromiso de "perseguir a todo aquel que pone en peligro la vida de las personas". Asimismo, se refirió a la sanción de ayer como "un eslabón más de la cadena en la que venimos trabajando todas las partes para erradicar la siniestralidad laboral".

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó el martes imponer esta sanción de forma solidaria por incumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral en unas obras de construcción de un edificio de viviendas en Jerez de la Frontera (Cádiz). Esta infracción, tipificada como muy grave, ocasionó la muerte de dos trabajadores y heridas graves en otro, suceso que se produjo el 19 de julio de 2001. Según la Junta, se trata de la sanción más elevada de las impuestas en este ámbito por la administración autonómica en la última legislatura.

Para imponer la sanción, el Gobierno andaluz tuvo en cuenta los informes realizados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz y la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2007 por el Juzgado Penal número 2 de Jerez de la Frontera. De acuerdo con la normativa vigente sobre infracciones en el orden social, la tramitación del expediente sancionador tuvo que suspenderse a la espera de que se resolviese el proceso penal.

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