Durante el curso 2005-2006, en las universidades públicas españolas cursaron estudios 6.233 alumnos con discapacidad, lo que supuso el 0,53% del alumnado total (1.377.798).
Este dato figura en el Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad que ha preparado el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
El Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad, disponible en la web del Cermi (www.cermi.es), analiza la situación de los estudiantes con discapacidad en la universidad, identifica los principales problemas a los que se enfrentan para su acceso y permanencia en la educación superior e incluye propuestas de mejora para garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación de estos universitarios.
El total de estudiantes universitarios con discapacidad, según las diversas fuentes consultadas, representa actualmente un grupo de 7.500-8.000 personas aproximadamente, un 0,5% de la población universitaria total. En las universidades privadas esta tasa baja a la mitad.
En este grupo de universitarios con discapacidad, predominan las personas con discapacidades físicas en cuatro de cada diez casos, y en uno de cada siete casos con discapacidades sensoriales.
Según el documento, una de las principales razones de la escasa presencia de las personas con discapacidad en la universidad es el abandono precoz de los estudios por parte de estos alumnos en las enseñanzas de régimen general.
La presencia de estos alumnos en Bachillerato es muy limitada, con lo que la demanda potencial de estudios universitarios por parte de esta población se reduce de forma drástica.
El Libro Blanco sobre Universidad y Discapacidad, que consta de siete capítulos, realiza una aproximación al contexto sociodemográfico de la población universitaria con discapacidad, haciendo alusión a datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (Eddes), la Encuesta de Población Activa (EPA) y cuestionarios enviados a los universitarios.
El tercer capítulo expone el marco legal y las políticas públicas; el cuatro capítulo aborda la accesibilidad en la universidad; el quinto, los planes de estudio de las universidades que contemplan la discapacidad; el sexto capítulo hace referencia al empleo, y finalmente se exponen las conclusiones generales y las propuestas de acción.
El Libro Blanco refleja un aumento de políticas favorecedoras de la integración en las generaciones recientes y muestra un panorama más esperanzador de formación universitaria para las futuras generaciones de personas con discapacidad.
Por otro lado, se demuestra que España dispone actualmente de un corpus legislativo prolijo con relación a la discapacidad, que recoge e interpreta las disposiciones estatales sobre las pruebas de acceso, las cuotas de reserva del 3%, la gratuidad de la matrícula o las adaptaciones de acceso al currículo.
Unas más y otras menos, las universidades españolas cuentan con principios, artículos o disposiciones adicionales con medidas de acción positiva para las personas con discapacidad.
Pero las adaptaciones de acceso al currículum, por ejemplo, la reserva de plazas o las mismas pruebas de acceso, no satisfacen al movimiento asociativo de personas con discapacidad.
Se ejecutan muchas veces con discrecionalidad o como medidas de gracia, a falta de una normativa que las concrete y regule y, quizás lo más importante, comprometa a todas las universidades en una misma dirección y las dote de recursos y ayudas técnicas.
Respecto a la accesibilidad del entorno, se reconocen mejoras, sobre todo en los campus de nueva construcción. Sin embargo, se echa en falta suficientes recursos técnicos. En los entornos virtuales y tecnológicos persisten muchos obstáculos y tampoco las actividades universitarias y deportivas parecen gozar de un amplio espectro de oportunidades para personas con discapacidad.
Se observa una amplia presencia de temas relacionados con la discapacidad en los planes de estudio, que promueve y sustenta numerosas líneas de I+D+I relacionadas con la discapacidad.
Sin embargo, según el Libro Blanco, faltan contenidos en las materias troncales y en las obligatorias de las diferentes áreas de enseñanza. La escasa presencia de personal docente o investigador con discapacidad es otro de los puntos débiles.
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