Impulsando Pymes . En una nota de prensa, Antoni Cañete, Presidente de la PMcM, manifestó que la transposición y la ampliación del plan de pago a proveedores suponen dos noticias «de una importancia extraordinaria para la economía española así como para la liquidez de los autónomos y las Pymes«. A su parecer, es «especialmente trascendente» que la transposición no incluya un pacto de las partes para pagos por encima de los 60 días y fije un plazo estándar de 30 días ampliable hasta un máximo de 60 siempre que lo acuerden las partes.
Según Cañete, el espíritu de la reforma está cada vez más claro y apunta al buen camino, aunque quedan resquicios legales que convendría acotar para asegurar que las modificaciones que se han aprobado recientemente obtengan los resultados previstos y sean un instrumento eficaz para reducir los plazos de pago en España.
En concreto, cree que faltan algunos aspectos que permitirían fortalecer aún más la normativa, evitar su manipulación y lograr que impere el espíritu que sus reformas quieren conseguir. Así, apuesta por derogar el artículo 17 de la ley del comercio minorista y el 228 de la contratación pública, para acabar con el trato de favor a distribuidores y contratistas.
Se propone un régimen sancionador
En su escrito, propuso establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros, la creación de un observatorio de la morosidad, la generalización de la medida de IVA a todas las pymes y autónomos y la implantación de medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, de éxito en Francia.
Para Cañete, todas estas medidas son «necesarias si se quiere cumplir el objetivo fundamental de asegurar unos plazos de pago razonables que permitan equiparar la competitividad de las Pymes y los autónomos con el resto de los vecinos europeos».
Por otra parte, quiso recordar que la directiva europea obliga a pagar los intereses de demora, por lo que insta a que esto se refleje en el inminente Plan de Pago a Proveedores, ya que, según el último estudio de la PMcM, tras la puesta en marcha del primer plan los impagos de las administraciones públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso sólo un «punto y seguido» en la lucha contra la morosidad.
Según Cañete, aunque el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13% por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló «todavía insuficiente ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley«.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha valorado positivamente que el Gobierno vaya a transponer la directiva europea de medidas de lucha contra la morosidad en el plazo marcado, pero ha pedido al Ejecutivo que acote varios resquicios legales para asegurar su eficacia.
En una nota de prensa, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha considerado que la transposición y la ampliación del plan de pago a proveedores suponen dos noticias «de una importancia extraordinaria» para la economía española y la liquidez de los autónomos y las pymes.
A su parecer, es «especialmente trascendente» que la transposición no incluya un pacto de las partes para pagos por encima de los 60 días y fije un plazo estándar de 30 días ampliable hasta un máximo de 60 siempre que lo acuerden las partes.
Según Cañete, el espíritu de la reforma está cada vez más claro y apunta al buen camino, aunque quedan resquicios legales que convendría acotar para asegurar que las modificaciones que se han aprobado recientemente obtengan los resultados previstos y sean un instrumento «eficaz» para reducir los plazos de pago en España.
En concreto, cree que faltan algunos aspectos que permitirían fortalecer aún más la normativa, evitar su manipulación y lograr que impere el espíritu que sus reformas quieren conseguir. Así, apuesta por derogar el artículo 17 de la ley del comercio minorista y el 228 de la contratación pública, para acabar con el trato de favor a distribuidores y contratistas.
PROPONE UN RÉGIMEN SANCIONADOR
Además, propone establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros, la creación de un observatorio de la morosidad, la generalización de la medida de IVA a todas las pymes y autónomos y la implantación de medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, de éxito en Francia.
Para Cañete, todas estas medidas son «necesarias» si se quiere cumplir el objetivo fundamental de asegurar unos plazos de pago razonables que permitan equiparar la competitividad de las pymes y los autónomos con el resto de los vecinos europeos.
PETICIÓN PARA EL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES
Por otra parte, ha querido recordar que la directiva europea obliga a pagar los intereses de demora, por lo que insta a que esto se refleje en el inminente Plan de Pago a Proveedores, ya que, según el último estudio de la PMcM, tras la puesta en marcha del primer plan los impagos de las administraciones públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un «punto y seguido» en la lucha contra la morosidad.
Según cañete, aunque el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13% por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló «todavía insuficiente ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley».
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