Impulsando Pymes . Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arias Cañete subrayó que ambas normas son «probablemente» clave para el cumplimiento del programa con el que el PP concurrió a las elecciones generales. «Juntos suponen una verdadera reforma estructural revolucionaria«. En concreto, la ley de la cadena alimentaria, que introduce mejoras y observaciones de los Ministerios de Economía y Hacienda, tiene por objetivo acabar con los desequilibrios en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria.
En sus declaraciones, el Ministro destacó: «El gran problema de los agricultores es la diferencia de precios entre origen y destino y que la cadena alimentaria no funcionaba«. A su vez, agregó que la nueva norma introduce mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas para garantizar la unidad de mercado, tal y como recomendaba la Comisión Nacional de Competencia (CNC): «Con estas dos leyes hacemos una reforma estructural de mucho alcance en el sector agroalimentario, ya que le dotamos de unos instrumentos para mejorar el valor añadido de las producciones agrarias», ha afirmado Arias Cañete.
En este sentido, se mostró convencido de que la gestión permanente y la colaboración de Gobierno y las Comunidades Autónomas podrá mejorar «sustancialmente» el funcionamiento de un sector que «ha demostrado una enorme capacidad de resistencia en época de crisis, de imaginación y apertura a los mercados exteriores«.
La nueva norma, que contempla multas de entre 3.000 y contempla multas de entre 3.000 euros y un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria que cometa prácticas abusivas, recoge la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios y de incorporar unos elementos esenciales, pactados libremente por las partes.
Se aplicará en situaciones de desquilibrio para operaciones, continuadas o peródicas, de más de 2.500 euros, en las que intervengan agricultores, pymes o haya dependencia económica. A su vez, se regulan las subastas electrónicas y la obligación de conservación de documentos que los operadores deben mantener durante un período de dos años.
Prácticas Comerciales
El proyecto de Ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se realicen por mutuo acuerdo de las partes. Respecto a los pagos comerciales, se prohíben todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos y bajo condiciones restrictivas.
En relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a otro operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial. Además, la información obtenida sólo podrá destinarse a los fines para los que fue facilitada, respetándose la confidencialidad de la información.
La autorregulación de las relaciones comerciales se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que impulsarían el Ministerio y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria o la distribución, cuya adhesión es voluntaria por parte de los operadores de la cadena.
ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha destacado que la ley de la cadena alimentaria y de fomento de integración de cooperativas son proyectos «complementarios» y contribuirán a que el sector alimentario pueda elevar su capacidad de obtener precios «más razonables» en el mercado interior y de ser «más agresivo» en el mercado exterior.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arias Cañete ha subrayado que ambas normas son «probablemente» clave para el cumplimiento del programa con el que el PP concurrió a las elecciones generales. «Juntos suponen una verdadera reforma estructural revolucionaria», ha subrayado.
En concreto, la ley de la cadena alimentaria, que introduce mejoras y observaciones de los Ministerios de Economía y Hacienda, tiene por objetivo acabar con los desequilibrios en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria.
«El gran problema de los agricultores es la diferencia de precios entre origen y destino y que la cadena alimentaria no funcionaba», ha señalado Arias Cañete, quien ha agregado además que la nueva norma introduce mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas para garantizar la unidad de mercado, tal y como recomendaba la Comisión Nacional de Competencia (CNC).
«Con estas dos leyes hacemos una reforma estructural de mucho alcance en el sector agroalimentario, ya que le dotamos de unos instrumentos para mejorar el valor añadido de las producciones agrarias», ha afirmado Arias Cañete.
En este sentido, el ministro se ha mostrado convencido de que la gestión permanente y la colaboración de Gobierno y las comunidades autónomas podrá mejorar «sustancialmente» el funcionamiento de un sector que «ha demostrado una enorme capacidad de resistencia en época de crisis, de imaginación y apertura a los mercados exteriores».
La nueva norma, que contempla multas de entre 3.000 y contempla multas de entre 3.000 euros y un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria que cometa prácticas abusivas, recoge la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios y de incorporar unos elementos esenciales, pactados libremente por las partes.
Se aplicará en situaciones de desquilibrio para operaciones, continuadas o peródicas, de más de 2.500 euros, en las que intervengan agricultores, pymes o haya dependencia económica.
Asimismo, se regulan las subastas electrónicas y la obligación de conservación de documentos que los operadores deben mantener durante un período de dos años.
PRACTICAS COMERCIALES.
El proyecto de Ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se realicen por mutuo acuerdo de las partes. Respecto a los pagos comerciales, se prohíben todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos y bajo condiciones restrictivas.
En relación con la información comercial sensible, no se podrá exigir a otro operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial. Además, la información obtenida sólo podrá destinarse a los fines para los que fue facilitada, respetándose la confidencialidad de la información.
La autorregulación de las relaciones comerciales se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que impulsarían el Ministerio y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria o la distribución, cuya adhesión es voluntaria por parte de los operadores de la cadena.
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