Impulsando Pymes . Así se lo trasladaron los representantes de la Plataforma contra la Morosidad a Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, en una reunión. Para la PMcM, con esta iniciativa, que trata de invertir el sujeto pasivo de este impuesto, se podrían detectar empresas morosas, dado que la Agencia Tributaria conocería a aquellos contribuyentes que se han desgravado un IVA que no han pagado.
Para la Plataforma, se trata de una solución «factible» para que pymes y autónomos no se vean obligados a anticipar el IVA de las facturas que aún no han cobrado y que alcanzan los 800 millones de euros. Antoni Cañete, Presidente de la PMcM, explicó: «Con el objetivo de salvaguardar los intereses de estos colectivos frente a la rampante morosidad, hemos diseñado una alternativa que sustituye el criterio de devengo por el de caja en la liquidación del IVA de pymes y autónomos recurriendo a soluciones ya utilizadas por la Agencia Tributaria, que permiten eludir los problemas técnicos que retrasan la implantación».
Esta iniciativa produciría una «incidencia inmediata» sobre la liquidez de los proveedores, ya que éstos no necesitarían anticipar un IVA no cobrado y, además, contribuiría a la reducción de los plazos de pago y del número de impagados, porque «el cliente preferirá adelantar el pago a tener que devolver a la Agencia Tributaria un IVA incorrectamente desgravado, incrementado además con los intereses de demora».
Más propuestas
Durante el encuentro en el Ministerio, el presidente de la Plataforma contra la Morosidad también trasladó al secretario de Estado de Administraciones Públicas su recomendación sobre que «ahora es el momento idóneo» para introducir mejoras en la legislación que aseguren el cumplimiento de la directiva europea contra la morosidad, cuya entrada en vigor se producirá el próximo marzo.
Asimismo, la PMcM dejó sobre la mesa una batería de propuestas, entre otras, establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros; la creación del Observatorio de la Morosidad, que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.
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