Impulsando Pymes . Así lo destacó Luis de Guindos en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete ministerial de los viernes. El responsable de Economía y Competitividad resaltó que la aprobación de ambos da cumplimiento a la Ley de la Ciencia de 2011, que obtuvo un consenso «casi unánime» en las Cortes, aparte de que están contemplados en el plan nacional de reformas que España remitió a Bruselas y debe cumplir.
Mientras la Estrategia (2013-2020) contiene los objetivos, reformas y medidas que deben abordarse en todo el ámbito de la I+D+i para potenciar su crecimiento e impacto, el Plan (2013-2016) es la «hoja de ruta» que concreta exclusivamente las actuaciones de la Administración General del Estado, estableciendo las prioridades científico-técnicas y sociales y la distribución de los recursos. Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno, manifestó: «En ellos se responde a las necesidades en materia de investigación, aparte de que se busca la eficiencia y se facilita la coordinación de actuaciones, que es muy necesaria entre la Administración del Estado, las comunidades autónomas, y la UE».
Ciencia e Innovación: una misma política
De Guindos indicó que tanto la estrategia como el plan están alineados con los objetivos europeos que está definiendo el próximo programa europeo ‘Horizonte 2020’, por lo que los agentes del sistema Español de I+D+i contarán con el «marco idóneo» para impulsar la colaboración con el resto de Europa.
En sus palabras, apuntó que esta alineación es «fundamental» porque la Comisión Europea ha propuesto un presupuesto, actualmente en debate parlamentario, de 80.000 millones de euros y que, incluso, se puede elevar. «De ahí la importancia de alinear planteamientos con la UE», ha reiterado.
Hasta ahora, España ha obtenido un retorno de 1.800 millones de euros, un 8,6 por ciento del total de recursos disponibles en Europa, pero en el Plan estatal se establece el objetivo de avanzar hasta el 9 por ciento, según ha precisado.
Aportaciones de los científicos
Sobre cómo se ha elaborado, De Guindos subrayó que se han intentado recopilar todas las aportaciones del mundo de la investigación y la I+D+i. Para ello, dice que se configuró un comité asesor externo con empresas, investigadores, asociaciones científicas, para después conformar un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, que tienen «importantes responsabilidades» de I+D+i; a la vez que un grupo de trabajo con todos los ministerios, la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de Innovación, compuesta por los titulares de ocho ministerios, que el pasado 24 de enero dio su visto bueno a ambos planes.
A su vez, se sometieron a la audiencia pública, donde se recibieron más de 1.400 sugerencias, que muchas de ellas se han ido incorporando. «Ambos han sido sometidos a un proceso de recepción ideas, escrutinio y transparencia. Pretende que las personas se incorporen al sistema de ciencia y tecnología por su talento. Favorecer la empleabilidad, donde los planes de jóvenes investigadores son fundamentales. Que se caractericen por la excelencia, que se consigue con asignaciones competitivas, que haya siempre una concurrencia entre los proyectos, con evaluaciones externas, de acuerdo con estándares internacionales».
El problema de España: la colaboración público-privada
En sus declaraciones, señaló que estos planes conceden un apoyo a la I+D+i empresarial, especialmente de las pymes en procesos de colaboración público-privada a través del CDTI, ya que «la participación del sector privado es bastante reducida».
Por último, afirmó que con ellos se intentan resolver los problemas de la sociedad, que la ciencia y la tecnología estén a su servicio, y para ello se identifican una serie de retos establecidos en el citado ‘Horizonte 2020’, como la salud, la energía o el transporte, por ejemplo. «El Plan Estatal busca los medios para financiar los objetivos de la estrategia anterior. Es una hoja de ruta que permita alcanzar objetivos de la estrategia. A su vez, la Secretaría de Estado es un proceso de racionalización, de simplificación burocrática, para reducir trabajas administrativas al respecto».
Impacto del plan
En España se emplean cerca 135.000 investigadores en el sector público y 80.000 en el privado, lo que supone un total de 215.000 científicos en nuestro país. En cuanto a la contribución al PIB, en términos de valor añadido bruto, se sitúa en algo más de 14.000 millones de euros y, a través de los instrumentos del plan, De Guindos cree que todos los años se generan más de 10.000 puestos de trabajo cualificados, se da apoyo a más 2.000 empresas de base tecnológica, y se incorporan anualmente un total de 800 doctores.
El ministro de Economía y Competitividad ya anunció el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados la aprobación en Consejo de Ministros de ambos elementos.
El BOE publicó la semana pasada una nueva reducción de un 19,5 por ciento de las ayudas destinadas a la I+D+i en España para esta última convocatoria de ayudas y subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2012 a los proyectos científicos, a la vez que ha diseñado un nuevo sistema de pagos más dilatados de forma que la financiación se repartirá en cuatro años en lugar de en tres.
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