En España, hay más de 47 millones de personas, de las cuales, más de 4,3 millones tienen algún tipo de discapacidad física o mental, de acuerdo con los datos de la encuesta ‘Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia’, publicada en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es decir, casi el 10% de la población de nuestro país. Pese a ello, en la actualidad, solo 1 de cada 4 tiene trabajo, según revela el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España de la Fundación ONCE.
Datos del mismo estudio revelan que, en 2021, se realizaron alrededor de 114.000 contratos a personas con discapacidad, 3 de cada 4 se hicieron en Centros Especiales de Empleo (CEE), de las cuales solo el 60% tiene un contrato indefinido, y solo el 25% en la empresa ordinaria.
Aun así, la legislación cada vez favorece más la contratación de personas con discapacidad en las empresas mediante la previsión de importantes beneficios económicos y fiscales. Uno de los avances más importantes se logró en 2013, con la aprobación de la Ley General de la Discapacidad (LGD), que exige a las empresas con más 50 personas empleadas, la obligación de incorporar un porcentaje de personal con discapacidad igual o superior al 33%, no inferior al 2%. Esto, ha logrado un aumento de la contratación del 109% en los últimos 10 años, según datos del SEPE, principalmente en el ámbito protegido CEE.