Aunque no es un caso general, llama la atención el pago de bonos multimillonarios a altos directivos de empresas que están inmersas en conflictividad laboral, posibles cierres, traslados de producción y otros avatares similares.
Más aún si, por ejemplo, el hecho de permanecer en un determinado país o atraer la fabricación de un determinado producto está sujeto a subvenciones públicas.
El caso más sangrante es el de AIG, aunque tenemos ejemplos claros de diversos sectores muy afectados por la crisis en nuestro propio país, en los que los salarios de los altos directivos parecen los únicos a salvo de la peor de las recesiones.
Y es que pedir arrimar el hombro, exigir esfuerzos a la plantilla o plantear recortes de la misma es mucho más fácil con varios millones de euros anuales en el bolsillo, y con dinero público de por medio, independientemente de su justificación contractual, sobre la que no hay ninguna duda.
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