Más de tres millones de funcionarios es una cifra insostenible para un país como el nuestro, independientemente de que se trate de la administración local, autonómica o estatal. La oferta de empleo público no sólo debería reducirse, debería congelarse durante unos cuantos años. Y también deberían eliminarse las legiones de ‘asesores’ de altos cargos que cobran del erario público como si fueran cuasi funcionarios.
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