Fuera de lo que a la cuestión política corresponda, no es aceptable que un concejal vasco, en plena democracia, no pueda tener un trabajo compatible con su labor de edil por tener que llevar escolta.
Lo mismo que la especial situación contractual que tiene muchos profesores de la Universidad del País Vasco como consecuencia de las amenazas terroristas recibidas.
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