Que una empresa ponga en la calle a 1.600 trabajadores es lo suficientemente grave como para que cualquier administración compruebe con rigurosidad los motivos de la regulación de empleo. Pero ese rigor debe entenderse inherente al ejercicio de la propia función pública. Sin embargo, parece que para la administración catalana –y su consejería de Trabajo- sólo es exigible dicha rigurosidad cuando la cosa crea alarma social, como es el caso de Nissan.
Como se sobreentiende que la rigurosidad debe acompañar todas y cada una de las actuaciones de cualquier administración pública en el desempeño de sus funciones, tan rigurosa debería ser su actuación en el caso de Nissan como en el de otros EREs que afectan a un menor número de trabajadores.
Pero el hecho de anunciarlo a bombo y platillo parece dar a entender que no es así, porque no es la primera vez que sucede.
¿Cuántos EREs que no crean alarma social se han aprobado sin problema? ¿Acaso no suman más que los 1.600 De Nissan? Acéptenlos si cumplen la Ley o deniéguenlos si no es así, pero déjense de populismos innecesarios.
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