Por no permitir que una de sus trabajadoras ajustara su jornada a las duras condiciones familiares que le ha tocado vivir: Un hijo con Síndrome de Down y un marido con una incapacidad permanente absoluta.
Ha tenido que ser una jueza, aplicando la Ley, la que ha condenado a su empresa a respetar los deseos de la empleada y permitirle así conciliar su vida personal y profesional. Resulta llamativo que esto suceda en un grupo tan peculiar y comprometido como es la ONCE.
Casos como éste producen la sensación de que la responsabilidad social no es más que un mero elemento decorativo.
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