Un tercio de las empresas europeas encuestadas denuncian comportamientos ilegales o poco éticos. Los despidos y el trabajo en remoto provocados por la pandemia de Covid-19 provocan que las empresas reporten más infracciones. Solo una minoría de las empresas europeas están preparadas para la Directiva de la UE sobre Protección de los Denunciantes. En España, crece la necesidad de contar con canales de denuncias que protejan a los alertadores, como lo demuestra la participación en la sesión local de ECEC 2021 llevada a cabo por EQS Group, Deloitte Legal y Abertis Infraestructuras.
La Conferencia Europea de Compliance y Ética 2021 ha presentado la tercera edición del «Whistleblowing Report». El estudio, realizado anualmente por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Graubünden (Suiza) en colaboración con EQS Group, es una evaluación completa sobre cómo las irregularidades afectan a las empresas y cómo se utilizan los canales de denuncias como solución para prevenirlas y detectarlas a tiempo.
El informe, que toma una muestra de 1.239 empresas, entre pymes y grandes corporaciones, analiza la incidencia de infracciones, el impacto de la pandemia de Covid-19 y sus efectos en las denuncias; así como el grado de preparación de las empresas para cumplir con los requisitos de la nueva Directiva de la UE (2019/1937).
El estudio concluye que en más del 30% de las empresas se produjeron comportamientos ilegales o poco éticos que infringen las leyes o la ética aplicables y que las empresas más afectadas por la denuncia de irregularidades son las grandes empresas que operan internacionalmente. Una gran parte de las grandes empresas afirman haber implantado un órgano ajeno a la dirección dedicado a la gestión de las denuncias, mientras que el porcentaje de pymes con canales de denuncias es aún pequeño. Los datos más interesantes provienen de quienes ya han implantado canales de denuncia interna: solo en 2020, un tercio de las empresas declararon que pudieron identificar el 80% de sus pérdidas financieras gracias a la denuncia. Además de los beneficios en términos de ahorro de costes, la implantación de sistemas de denuncias parece dar lugar a una mejor comprensión de la importancia del cumplimiento por parte de los empleados, a la mejora de los procesos y al fortalecimiento de la gestión del cumplimiento.
Aunque se acerca la fecha límite del 17 de diciembre de 2021 para la transposición de la Directiva de la UE (2019/1937) sobre la protección de los denunciantes, todavía hay muchas empresas que no se han adaptado a los nuevos requisitos y, especialmente en Francia, hay un escepticismo general sobre la nueva normativa. Sin embargo, independientemente de las opiniones, «las empresas deberían aprovechar el tiempo que les queda para implantar un canal eficaz de denuncias que refuerce sus procesos y su cultura corporativa«, como ha argumentado el profesor Dr. Christian Hauser en la rueda de prensa de presentación del informe.
El Coronavirus y los consecuentes despidos y cambios en la forma de trabajar también parecen haber influido en el fenómeno de las denuncias. En 2020, las empresas europeas con un canal de denuncias establecido recibieron significativamente menos denuncias que en 2018. Es de suponer que el acceso a la información era limitado, dada la falta de oportunidades de intercambio informal y la fuerte disminución de las denuncias como consecuencia del desvío de recursos. El estudio reveló que la probabilidad de verse afectada por una conducta ilegal es mayor en las empresas que han reducido su plantilla como consecuencia de la emergencia de la pandemia o que han recurrido en gran medida al trabajo a distancia. Estas empresas recibieron el mayor número de quejas.
También en España la denuncia de irregularidades es cada vez más un tema de interés general, como demuestra la amplia participación en la sesión local en español dedicada a la eficacia de los canales de denuncias y su implementación en ECEC 2021 y representada por los ponentes Claudio Interdonato, Business Director France and Spain en EQS Group, Olga Fraga, Senior Associate-Regulatory & Compliance en Deloitte Legal y Anabel Casahuga Montserrat, Chief Compliance Officer en Abertis Infraestructuras SA.
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