Se calcula que en España existen unas 720.000 personas que trabajan como cuidadores a domicilio, ofreciendo acompañamiento, asistencia personal o apoyo en las tareas del hogar a personas dependientes o mayores que requieren de una ayuda o supervisión. Sin embargo, en torno a 200.000 de estos cuidadores, es decir, casi 3 de cada 10, no tienen regulada su situación en la Seguridad Social o no cotizan realmente por las horas que trabajan, según estimaciones de Felizvita, empresa autorizada por la Comunidad de Madrid para prestar servicios de asistencia a domicilio y reconocida como agencia de colocación por el Sistema Nacional de Empleo.
La compañía, que en la actualidad gestiona los servicios de 160 asistentes domiciliarios y sólo en la ciudad de Madrid ha dado empleo a cerca de 1.000 personas en los últimos cinco años, considera que este sector representa una importante oportunidad laboral para dar respuesta a una demanda social creciente, pero sin embargo no está siendo impulsado adecuadamente por parte del Estado ni lo suficientemente reconocido por la sociedad.
“Hoy en día, para trabajar atendiendo a personas en situación de dependencia es obligatorio disponer de una titulación homologada o del Certificado de Profesionalidad en Asistencia Sociosanitaria. El mercado precisa cada vez más trabajadores cualificados con competencias reconocidas oficialmente, pero en muchas ocasiones nos encontramos con trabajadores vocacionales que llevan 30 años cuidando a personas mayores, con una experiencia increíble, que sin esa titulación no podrían continuar en su puesto de trabajo”, explica Guillermo Molina, director general de Felizvita.
La obtención del Certificado de Profesionalidad requiere la realización de un curso de 450 horas de duración con un coste aproximado de 1.300 euros, algo que, ni por tiempo ni por dinero, está al alcance de muchas de las personas que lo necesitarían para formalizar y regular su condición de cuidadores. Por ello, la compañía reclama más apoyos del Estado para favorecer la empleabilidad de estos trabajadores.
“En Felizvita pensamos que la profesionalización es importante, pero siendo coherentes con las circunstancias del sector y teniendo en cuenta que también puede alcanzarse desde la experiencia y la práctica. Por ello, creemos necesario el establecimiento de ayudas y planes de formación que permitan una conciliación profesional y académica para quienes se propongan obtener la certificación. Asimismo, queremos recordar que más importante que un certificado es, sin duda, la vocación, la motivación y la voluntad de prestar un servicio tan necesario, y el inmenso valor que tiene su labor para nuestra sociedad”, apunta Molina.
Perfil y condiciones del cuidador
El perfil medio del cuidador contratado por Felizvita es el de una mujer de unos 46 años, de nacionalidad extranjera y sin cargas familiares, con estudios de educación secundaria, una trayectoria profesional como empleada del hogar y amplia experiencia en el cuidado de personas mayores que posteriormente ha homologado con la obtención de la titulación requerida en España.
En cuanto a sus condiciones laborales, en el caso de la compañía madrileña están reguladas mediante un convenio colectivo propio que recoge sus derechos, obligaciones y responsabilidades, y sus salarios no están muy por encima del salario mínimo interprofesional. “Hay que tener en cuenta que más del 80% del precio de los servicios asistenciales corresponde a costes de contratación, salarios, seguros sociales, contingencias por enfermedad, etc., lo que hace que no quede más remedio que ajustar al máximo los salarios si queremos mantener unos precios viables para las familias, que permitan tener un servicio de calidad a un precio asequible”, explica Marta Cuesta, directora de Recursos Humanos de Felizvita.
En este sentido, la empresa reivindica una revisión de los costes de contratación en materia de dependencia: “Los trabajadores asistenciales, dada la responsabilidad y dureza de su trabajo y su enorme carga física y emocional, merecen mejores condiciones económicas, pero no puede ir todo a costa de la empresa y, en definitiva, de los usuarios. Si seguimos así nadie podrá contratar un servicio de asistencia a domicilio, tan importante para la sociedad, para las personas y para el Estado, pues supone un ahorro inmenso en materia social y de sanidad para la Administración Pública”.
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