Este martes se ha conocido la sentencia judicial acerca de los expendientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía. La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a José Antono Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, a seis años y dos días de cárcel además de 15 años y dos días de inhabilitación especial al considerársele como ‘pieza política’ de la causa. Por su parte, su antecesor Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial.
Pasado casi un año y medio desde el final del juicio y prácticamente nueve años desde que se iniciase la instrucción de la causa que implicaba a 21 imputados. La Fiscalía Anticorrupción pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.
La exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, también ha sido condenada a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación cuando ocupaba los cargos de exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, misma sentencia que ha tenido el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías. La Fiscalía Anticorrupción pedía diez años de inhabilitación por prevaricación que han quedado reducidos en uno.
Además, Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda, los exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez también han sido condenados con penas de entre seis y ocho años de cárcel y numerosos años de inhabilitación.
Dos absueltos
De los 21 acusados, solo dos, Manuel Gómez, exinterventor de la Junta de Andalucía, y Francisco del Río, exjefe del Gabinete Jurídico, han sido absueltos mientras que los exsecretarios técnicos de Empleo, Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina, y el exdirector de la agencia IFA-IDEA, Jacinto Cañete, solo han sido condenados por prevaricación y no por malversación, por lo que sólo reciben condenas de inhabilitación.
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