En un contexto donde la compra de las administraciones supone un volumen de recursos que se estima entre un 16% y un 18% del PIB, hoy se debate en el Congreso la Proposición de Ley que presentó CiU el pasado 29 de noviembre de 2013 sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.
Forética, la asociación de empresas y profesionales líder en gestión ética y responsabilidad social empresarial (RSE), apoya que el sector público lidere y actúe como motor del desarrollo de la responsabilidad social incorporando los criterios éticos, sociales y ambientales en las decisiones de compra y contratación. Esta práctica impulsará que las empresas contratadas o proveedores e incluso los licitadores privados adopten estos criterios.
El texto de la propuesta incide fundamentalmente en que los órganos de contratación administrativa establezcan como requisito para participar en una licitación (en los contratos cuyo objeto esté directamente vinculado a acciones públicas de fomento de la ocupación) la acreditación del cumplimiento legal de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o de haber adoptado las medidas alternativas correspondientes. Esta misma acreditación deberá llevarse a cabo para resultar beneficiario de subvenciones públicas. Así, pretende impulsar el cumplimiento de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) que entró en vigor en 1982.
La presidenta de la Junta Directiva de Forética, Yolanda Erburu, ha valorado positivamente este texto que «pone en valor el trabajo que están haciendo las organizaciones y promueve el desarrollo de políticas responsables en las compañías», como se pretende con la futura Estrategia Española de Responsabilidad Social Empresarial que actualmente se está elaborando.
Erburu ha recordado la importancia de «mantener criterios de unidad de mercado, de manera que se incorporen también a las pequeñas y medianas empresas a este proceso, y de favorecer plazos de transición que ayuden a avanzar y no generen barreras administrativas».
La importancia de la compra pública responsable
Prácticamente todos los países europeos tienen una estrategia de compra pública verde y la mayoría incluyen cada vez más aspectos sociales. Son ejemplos destacables la Ley sobre compra pública responsable del Reino Unido (Social Value Act) o el compromiso de Holanda de incluir los aspectos sociales y ambientales en el 100% de sus compras en 2015.
Para cada tipo de cláusulas (éticas, sociales o laborales y ecológicas o ambientales) y, en función de los sectores, existen distintas herramientas que ya son utilizadas, por las empresas y organizaciones que aspiran a ser contratadas por la administración, como la Norma SGE 21 con criterios sociales, ambientales y de buen gobierno, por ejemplo.
Tal como se afirma en la exposición de motivos de la Proposición de Ley, «parece coherente pensar que no deberíamos posibilitar transferencias de fondos públicos a empresas que contaminen, que incumplan normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que no respeten los derechos laborales o que no cumplan con los objetivos de integración e igualdad de nuestro marco normativo».
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