Uno de los desafíos a los que se enfrentan los directivos y profesionales cualificados desplazados al extranjero por sus empresas tiene que ver con los derechos sociales que no quieren perder con su traslado, ni tampoco posibles prestaciones a las que sí tendrían derecho en su país de origen.
Responsables de organizaciones internacionales, profesionales de la movilidad de empleados, expertos en seguridad social y representantes de algunas de las principales multinacionales españolas se han dado cita, convocados por la asociación profesional mundial para la movilización del talento Worldwide ERC y Employee Mobility Solutions – EMS, compañía líder en servicios de movilidad internacional de empresas y profesionales, para abordar los nuevos desafíos sociales en la movilidad del talento en Iberoamérica, y las novedades del Convenio multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.
La jornada, inscrita en el marco del Programa de Master Series, bajo el título “Iberoamérica: Espacio de crecimiento y cambios”, ha contado con la participación de la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño, y asimismo con Miguel Ángel Vidal, secretario general de la Asociación Española de Movilidad Internacional (FEEX), en la que están integradas casi todas las empresas del Ibex 35, con el objetivo de facilitar la movilidad laboral internacional de sus directivos a la región. También han intervenido en el acto responsables de RRHH de Telefónica, Endesa, Repsol y Acciona.
Según los datos facilitados, en 2017 entorno a 11.000 directivos y profesionales cualificados (ingenieros) junto a sus familias estarían trabajando fuera de España movilizados por sus empresas, frente a los 8.000 que se contabilizaban en 2015. El incremento de expatriados confirma las buenas expectativas del mercado español. “A mayor actividad económica, automáticamente mayor número de proyectos internacionales y de profesionales cualificados enviados al extranjero”, ha explicado Miguel Ángel Vidal.
Existen “grandes diferencias” entre las prestaciones que ofrece un país como España, con un sistema público de pensiones y de accidentes y coberturas “muy consolidado”, frente a otros regímenes, particularmente en Latinoamérica. Hay países en donde las prestaciones sociales son inferiores a las de España o existen incertidumbres sobre la situación financiera con posibles efectos sobre el pago de las prestaciones que suponen “barreras” a la movilidad internacional. “Nadie quiere salir a otro país a trabajar perdiendo sueldo ni tampoco derechos ni expectativas de derechos”, ha destacado el responsable de FEEX.
Durante la jornada se ha instado a promover la adhesión de mayor número de países a este Convenio multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, entre cuyos objetivos están mejorar la protección social de los trabajadores migrantes y sus familias, favorecer la movilidad y el retorno de empleados, contribuir a evitar el “dumping” social o reforzar los sistemas de Seguridad Social, ha explicado por su parte la secretaria general de la OISS.
A su vez, Ana Gazarian, consejera delegada de la empresa EMS, ha destacado la apuesta de su compañía por la movilidad en Iberoamérica y su participación activa en la propuesta y redacción de proyectos de mejora y políticas de internacionalización. Tras hacer un repaso a las grandes alianzas con Latinoamérica, expuso una serie de puntos interés para empresas, personas e inversores en la región: tales como la gestión de talento, establecer nuevas categorías de visados para empleados movilizados a corto plazo, así como abrir opciones de gestión rápida, el control de costes o el gran avance que ha supuesto el convenio de Seguridad Social.
Con un volumen de población migrante de 5,5 millones de personas, Iberoamérica es la región del mundo que absorbe el mayor número de directivos desplazados por empresas españolas. Según las cifras, el número rondaría los 3.200 actualmente frente a los aproximadamente 2.500 registrados en 2015.
El convenio multilateral Iberoamericano de la Seguridad Social es el primer instrumento jurídico iberoamericano que reconoce derechos individuales a los ciudadanos en este ámbito, directamente reclamables ante los tribunales y favorece las relaciones y convenios bilaterales. “Se trata de una experiencia única y pionera entre países de dos continentes, sin una estructura jurídica y administrativa común, elaborado con un proceso altamente participativo”, ha indicado la responsable de la OISS.
Actualmente, el convenio cuenta con el respaldo de 15 países, con una población global de 460 millones de personas, y está en vigor además de en España y Portugal, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay. También ha sido ratificado por Venezuela, mientras que Colombia, Costa Rica y República Dominicana están en fase de trámite.
Según la secretaria general de la OISS, el número de expedientes tramitados hasta el momento por el convenio (sin cifras de Argentina, ni Perú) se sitúan en casi 25.700, con Uruguay a la cabeza (con alrededor de 9.000), seguida de España, con algo más de 7.500 y Brasil (con casi 5.000) y Ecuador (entorno a 2.000).
En vigor desde el primero de mayo de 2011, sus principios incluyen igualdad de trato, determinación de la legislación aplicable, conservación de derechos adquiridos, conservación de derechos en curso de adquisición, exportación de prestaciones, colaboración administrativa. El objetivo es que su aplicación abarque las pensiones contributivas por invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, y las derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Para concluir la jornada, Ana Gazarian invitó a los asistentes a participar en un estudio sobre las necesidades de las empresas en relación con la movilidad internacional y el marco legal migratorio vigente en Latinoamérica. El objetivo es poder elevar dichas peticiones a los organismos de gobierno con los que colabora EMS para mejorar la movilidad internacional entre ambos continentes.
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