El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha sellado este jueves un acuerdo «histórico» con los sindicatos más representativos entre el colectivo de funcionarios, UGT, CCOO y CSI-F, y lanzará en cuestión de días una Oferta Pública de Empleo de 15.000 nuevas plazas en el seno de la Administración General del Estado. Esa cifra, a la que habrá que sumar posteriormente los nuevos puestos que convoquen las comunidades autónomas y los municipios, es la más alta de los últimos diez años.
De los 15.000 nuevas plazas, 4.246 serán aprobadas como Oferta Extraordinaria este próximo martes en el Congreso y a través de Decreto Ley. En principio, y según desgranaron hoy mismo los sindicatos, servirán para reforzar áreas de atención directa al público con graves problemas de personal: oficinas de DNI, servicios de empleo, Seguridad Social y, especialmente importante, la Agencia Tributaria, para la que se destinarán 2.100 nuevos puestos.
Las otras 10.606 plazas irán dedicadas a cubrir los vacíos que han ido dejando en toda la Administración General del Estado los funcionarios jubilados en los últimos años. Especialmente relevante será la convocatoria para el ámbito de justicia, con 2.600 puestos. «Calculamos que la tasa de reposición se va a situar en el 120% después de haber estado varios años en el 50 y después en el 90», explicó el representante en la reunión de UGT, Carlos Álvarez. Esto significa que la Oferta no solo incluirá la reposición de todo el personal retirado, sino que irá más allá y reforzará con nuevos puestos áreas especialmente degradadas.
Es difícil cuantificar, por tanto, la creación de empleo neto de esta Oferta, ya que ni siquiera los sindicatos saben cuantos funcionarios van a jubilarse por área. «Además es que el Ministerio de Hacienda ha venido a la reunión sin documentación», se quejaban. Lo que parece claro es que esas 4.246 plazas de Oferta Extraordinaria crean puestos de trabajo, al igual que parte de esas otras 10.606, aún por ver.
Por último, y en la reunión de este jueves, Hacienda y los sindicatos decidieron impulsar otras 5.000 plazas de promoción interna, un nuevo guiño del ministro Cristóbal Montoro a un colectivo, el de los funcionarios, que constituye una pila de tres millones de posibles votos. Todo parece indicar que este guiño vendrá acompasado de una subida salarial para 2018 superior a la del 1%, de este año.
Hacienda destaca el «clima de consenso y diálogo»
Tras la firma del acuerdo, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, ha destacado el «clima de consenso y diálogo» de la reunión y la «flexibilidad» de las organizaciones sindicales para conseguir la firma de este «importante» acuerdo, que supone el primero en materia de empleo público de la última década.
Collado se ha limitado a señalar que el acuerdo contempla una oferta de más de 7.000 puestos de trabajo para funcionarios de nuevo ingreso, una promoción interna de unas 7.000 (incluyendo AGE y Justicia) y otra oferta extraordinaria que recogerá plazas para los sectores que en la AGE presentan un déficit de personal.
Por su parte, los portavoces de CSIF, CC.OO. y UGT han valorado en un receso de la reunión la oferta de empleo público que lanzará el Gobierno, la mayor en la AGE desde 2008, si bien han aprovechado para reivindicar un aumento del salario de los empleados públicos y la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Públicas para su negociación.
«Acuerdo histórico»
El vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, ha valorado el acuerdo al suponer un «punto de inflexión», con una oferta de empleo público que genera «empleo neto» y en la que se abordará la situación «precaria» de algunos servicios públicos deficitarios, como examinadores de tráfico, oficinas de DNI con retraso de más de tres meses y oficinas de empleo.
Iglesias ha destacado que se cumple acuerdo alcanzado el pasado 29 de marzo, que contemplaba una OEP de 67.000 plazas para este año y un plan de estabilización de más de 250.000 plazas de interinos en tres años, y que supone una mejora de empleo y se abre la «expectativa importante» de promoción interna.
Una vez se ha «avanzado» en la mejora de los servicios públicos, Iglesias considera que toca registrar mayores incrementos en el salario de los empleados públicos, por lo que ha pedido la convocatoria de la Mesa General para iniciar la negociación de las retribuciones para 2018.
De su lado, el portavoz del área de servicios públicos de CC.OO., José Manuel Vera, ha destacado que hay un «reconocimiento» del Gobierno de sus demandas, si bien ha criticado que el proceso de negociación ha dejado «bastante que desear», al no contar los sindicatos con ningún documento.
A su vez, el secretario del sector de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha calificado de «acuerdo histórico» el consenso alcanzado y ha resaltado que será «muy positivo» porque es «satisfactorio para todas las partes», al crearse empleo neto, cambiando la tendencia de la última década, en la que se arrastra una pérdida de empleo neto en la AGE del 15%.
Creación de un cuerpo de tráfico y otro del SEPE
Igualmente, Iglesias ha detallado que se aborda la creación de un cuerpo de tráfico para afrontar el problema de examinadores, que se incluirá en el decreto, y otro nuevo cuerpo de gestión en el Servicio Público de Empleo (SEPE), que debe ser incluida en la oferta extraordinaria con las plazas que llevarán aparejadas, en el caso de examinadores de tráfico, una promoción de 435 funcionarios de C2 al nuevo cuerpo de escala C1.
Vera ha explicado que dentro de la oferta extraordinaria se contemplan para la Agencia Tributaria unas 2.100 plazas para la lucha contra el fraude, y el resto para combatir el fraude laboral, el SEPE y ámbitos «críticos» del Ministerio del Interior, con 150 nuevas plazas para las oficinas de DNI, entre 40 y 60 examinadores de Tráfico y entorno a 560 en el ámbito de la Seguridad Social en dos años.
Mientras, Álvarez ha concretado que la tasa de reposición rondaría en torno al 120% en total, mientras que la promoción interna de entre 5.350 y 5.300 plazas supondría un aumento de entre un 25% y un 40%. De estas. 5.050 se incluirían en la oferta de empleo público ordinaria, mientras que las restantes 450 irían en la extraordinaria.
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