CC.OO. denuncia «graves deficiencias» en la transposición de la directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, y considera que no está justificado que el Gobierno recurra al real decreto ley, en vez de a una ley.
El sindicato considera que no está justificada la transposición de la directiva mediante real decreto ley porque «no existe una situación de urgencia que exija la necesidad de una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido para la tramitación parlamentaria de la ley», sin que pueda justificarse como una «urgencia extraordinaria» el retraso en la transposición por la existencia de un Gobierno en funciones.
Además, CC.OO. señala que el Gobierno incumple la obligación de realizar una consulta «real» previa a la aprobación de un real decreto ley. En este sentido, denuncia que se envió el borrador de texto con «muy pocos días» para presentar alegaciones, solicitando únicamente observaciones al texto, cuando la obligación de consulta conlleva el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo «real y efectivo» sobre el contenido y el alcance de texto.
VE UN BORRADOR «INSUFICIENTE»
En ese sentido, CC.OO. señala que el borrador remitido no cumple la obligación de trasponer la directiva europea, ni en cuanto a su finalidad ni en cuanto al alcance de su contenido.
La finalidad de la directiva es garantizar que se respete un nivel apropiado de protección de los derechos de los trabajadores desplazados para la prestación de servicios transfronteriza, en particular que se cumplan las condiciones de empleo aplicables en el Estado miembro donde se vaya a prestar el servicio.
Sin embargo, para CC.OO. el borrador que presenta el Gobierno es «insuficiente y se limita a modificar mínimamente la ley en aspectos poco relevantes». «Se ignora, asimismo, el papel y las competencias que la directiva atribuye a los interlocutores sociales, y en concreto a los sindicatos», lo que «limita su capacidad de representación y defensa, tanto en el ámbito de la empresa como administrativo y judicial, de los trabajadores desplazados», añade.
El sindicato sostiene que las medidas recogidas en el borrador no garantizan adecuadamente los objetivos buscados por la directiva a trasponer en materia de Inspección de Trabajo.
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