El denominado Estado del Bienestar es una necesidad que tienen los estados porque la pobreza es fuente de inestabilidad y de conflictos sociales. Y precisamente uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar lo constituyen las pensiones que cobraran los ciudadanos, trabajadores o no cuando, se jubilen. Unos ciudadanos que se prevé que sean tan longevo que ya se habla incluso de la cuarta edad para definir la etapa de dependencia, por la que todos de una u otra forma acabaremos por pasar.
Desde hace muchos años venimos oyendo que el sistema público de pensiones actual, basado en el sistema de reparto, muestra síntomas de agotamiento y se oyen las voces de algunos expertos sobre la inviabilidad del modelo con la situación actual.
Aumento de la esperanza de vida, baja tasa de natalidad y altas tasas de desempleo son, entre otras cosas, las que hacen que el sistema público esté pasando por serias dificultades.Es algo de lo que se viene hablando desde hace muchos años y el Estado ha intentado promover el desarrollo de lo que se denomina la Previsión Social Complementaria, esto es, el desarrollo de pensiones complementarias a las del sistema público.
Aunque se ha intentado desarrollar el modelo relacionado con el empleo, al que se denomina 2º Pilar, después de casi 30 años este desarrollo ha sido bastante modesto (8% del PIB).
Existían pensiones complementarias, que estaban recogidas en algunos convenios colectivos de sectores y de algunas empresas, y lo que se hizo fue ordenar eso que había y garantizar la viabilidad del sistema. Para ello se obligó a las empresas a financiar externamente estas pensiones y a algunas de ellas a someterlas al control de los trabajadores. Además se dieron importantes ventajas fiscales a esas empresas y a los trabajadores para que financiasen estas pensiones a través del producto “Plan de Pensiones”, con lo que se benefició fiscalmente un solo producto.
También hubo un acuerdo político para intentar hacer viable el sistema público y para promover el sistema privado. Es lo que se denominó “Pacto de Toledo”, que hoy en día desconocemos si sigue en funcionamiento, aunque nos consta que no existen reuniones entre los distintos grupos políticos y hasta ellos mismos dicen que habría que revivirlo.
No obstante, en nuestra opinión lo primero que debería hacerse en caso de que finalmente se reactive es revisar las hipótesis que se establecieron en los años 90 para adecuarlos a la realidad social, política y económica actual con propuestas veraces, alcanzables y consensuadas.
En este sentido creemos que uno de los primeros puntos que se debería debatir es la exclusión de las pensiones no contributivas del sistema de financiación por cuotas de la Seguridad Social y que sean financiadas directamente por vía impositiva, con lo que se conseguiría dar mayor sostenibilidad a las pensiones contributivas.
En España existe un adecuado nivel de ahorro, aunque no se trata de ahorro financiero, sino inmobiliario, que también ha sufrido importantes mermas como consecuencia de la crisis. Por lo que se debería promover y facilitar la transformación de ese ahorro inmobiliario en financiero.
Como en nuestro país casi el 80% del empleo está en las pequeñas y medianas empresas, se han intentado desarrollar productos de pensiones sectoriales, aunque con muy escaso éxito. El problema estriba en que desde las últimas reformas introducidas en matera de encuadre y cotización de los propietarios de las empresas, estos están excluidos más que nunca de los sistemas de previsión empresarial. Y, naturalmente, estando fuera el patrón, ¿cómo se prfetende que se promueva planes de previsión social para sus trabajadores?
En el momento actual nos encontramos en una difícil encrucijada, ya que el ahorro a largo plazo es algo necesario para garantizar la viabilidad del modelo económico y social y no parece que se esté desarrollando. Está completamente estancado.
En los últimos años se ha desarrollado lo que se denomina retribución flexible y que consiste en que la empresa monta un mecanismo por el cual los trabajadores que quieren destinan una parte de su salario al ahorro, para lo cual la propia empresa negocia con los proveedores de productos unas buenas condiciones para sus trabajadores.
En la opinión de OCOPEN lo que el ESTADO tiene que hacer es un Gran Pacto que se centre en:
- No más discusiones sobre público vs privado, unos vehículos frente a otros, fiscalidad si o no,…
- Informar a los ciudadanos sobre su situación de pensión pública y privada
- Promover el ahorro financiero a largo plazo sin que se establezcan distinciones entre los distintos productos que pudiesen existir: Seguros, Planes de Pensiones, Fondos de Inversión, Depósitos, y cualquier producto que pudiera servir para ese fin.
- Uso del canal empresarial para llegar a la población activa actual en España, y de los colegios y universidades para alcanzar a la futura población activa: formación y cultura en el ahorro sin ninguna connotación ideológica
- Creación y promoción de la profesión del asesor independiente en jubilación y estabilidad normativa en torno al ahorro
Después se puede hablar sobre los detalles, pero los puntos comunes deben estar YA encima de la mesa si no queremos fomentar una pobreza extrema de la población española en los próximos 30-50 años.
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