Ante el fracaso judicial en su intento de reestructurar la plantilla del grupo, según todos los indicios, la embotelladora de Coca-Cola ha tomado medidas. La primera de ellas, no renovar a finales de 2014 el contrato para asesoramiento laboral que tenía con el bufete Sagardoy, tras perder la confianza en ellos después de que la Audiencia Nacional declarara nulo el ERE que diseñaron.
La nueva empresa presidida por Sol Daurella, ha decidido volver al bufete Garrigues, de su entera confianza.Se trata de la segunda ocasión en que los letrados de Garrigues y Sagardoy se traspasan las responsabilidades de la gestión laboral del grupo. La dirección de la embotelladora planteó a finales de 2013 un concurso entre despachos para reestructurar los recursos humanos de la compañía. En esos momentos, había dado sus primeros pasos tras la fusión de las ocho embotelladoras que operaban hasta la fecha en España.
El despacho Sagardoy Abogados, especialista en derecho laboral, se encargó de pilotar el despido de 1.190 trabajadores y el cierre de las fábricas de Asturias, Palma de Mallorca (Baleares), Alicante (Comunidad Valenciana) y Fuenlabrada (Madrid).
Este contrato, por el cual se cobraba un ‘fee’ mensual, era uno de los dos grandes acuerdos que unían al bufete, especialista en derecho del trabajo y uno de los que más influencia tuvieron en el diseño de la reforma laboral de 2012, con la empresa de bebidas.
Coca-Cola Iberian Partners ni confirma ni desmiente que el encargo de los nuevos asesores legales sea aprobar una nueva reestructuración en el grupo.
En el mundo del derecho del trabajo español, es más que sabido y reconocido que Sagardoy Abogados dejará de llevar las riendas legales en materia laboral de la empresa embotelladora.
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