El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde definitiva al proyecto de ley de la reforma laboral pactada por el Gobierno y los agentes sociales, incorporando algunas de las enmiendas introducidas por el Senado en favor de los discapacitados.
Con la reforma laboral firmada entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios el pasado 9 de mayo se persigue reducir la elevada tasa de temporalidad española, situada en el 34%, y fomentar la contratación indefinida.
De hecho, desde su entrada en vigor, el pasado 1 de julio, se ha superado el millón de contratos indefinidos firmados (un total de 1.050.283 hasta el pasado 11 de diciembre), lo que supone un aumento del 57% con respecto al mismo periodo de 2005.
En total, Trabajo prevé que en el segundo semestre del año se efectúen 1,2 millones de contratos fijos que, sumados a los realizados en la primera mitad del año, supondrán más de dos millones de contratos estables en todo 2006.
En su último trámite parlamentario, el Congreso apoyó una parte de las enmiendas procedentes del Senado, varias de ellas referidas a la mejora de las condiciones laborales de las personas con discapacidad, entre las que destaca una que obliga a que las personas con un contrato indefinido en situación de discapacidad tengan derecho a una bonificación.
En este sentido, las ayudas serán de 4.500 euros al año, con carácter general, y se incrementarán hasta los 5.100 euros en el caso de trabajadores con más de un 33% de parálisis cerebral o más de un 65% de discapacidad física. Además, las ayudas se elevarán a 6.200 euros en el caso de que los empleados sean mujeres o trabajadores mayores de 45 años.
También se aprobó otra enmienda para que, en el caso de las bonificaciones previstas en este programa que no se aplican a las las relaciones laborales de carácter especial previstas en el Estatuto de los Trabajadores, sí se aplique cuando se trate de una relación laboral de trabajadores con discapacidad en Centro Especial de Empleo.
Asimismo, el Congreso respaldó una enmienda transaccional que exige al Gobierno desarrollar, en un plazo de seis meses, una estrategia global de acción para el empleo, y que está dirigida a las empresas de reinserción.
Por el contrario, el Pleno de la Cámara Baja rechazó la propuesta relativa a las bonificaciones por la contratación en términos de temporalidad de personas discapacitadas. Según explicó el diputado del PSOE, Jesús Membrado, en declaraciones a Europa Press, es una iniciativa ‘improcedente’, y que ‘atenta contra la norma’.
PP: LOS CAMBIOS DEL SENADO ‘RECTIFICAN CARENCIAS’.
En el transcurso del debate, el portavoz del PP, José Eugenio Azpiroz, destacó la importancia de las enmiendas procedentes de la Cámara Baja que a su juicio, mejoran la situación de los discapacitados, pero recordó iniciativas ‘populares’ al respecto ‘debatidas en los PGE para 2007, que fueron rechazadas en la votación en el Congreso’.
Manifestó además su satisfacción por la introducción en el Senado de elementos que ‘equilibran el acuerdo y rectifican carencias’ que existían en el texto. En cualquier caso, consideró que el acuerdo ‘se ajusta bastante a la realidad’ y calificó al mismo de ser el resultado de un ‘trabajo parlamentario importante’.
El diputado de CiU, Carles Campuzano, afirmó en su intervención que las Cortes han mejorado el texto del Gobierno en materia de discapacidad y calificó de ‘insuficiente’ el mandato sobre servicios públicos de empleo de la Ley.
Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardá, negó rotundamente su apoyo a enmiendas sobre bonificaciones para la contratación temporal y vio positivas las propuestas para personas dependientes. Del lado del PNV, Emilio Olabarría criticó la norma impulsada por el Gobierno y aseguró que se caracteriza por ‘claroscuros’, precisando ‘el predominio de las oscuridades’.
IU-ICV, ‘DISTANTE’ A LA REFORMA.
El portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, dejó claro que la posición de su grupo ante el acuerdo es ‘distante’, pero defendió las mejoras introducidas en el Senado para personas con discapacidad. Calificó de ‘indecente’ el modelo de empleo español, que se intensifica con los ‘empleos precarios’.
Desde el BNG, la diputada Olaia Fernández valoró positivamente la intención global de la reforma, pero destacó problemas que preocupan a su grupo, como la ‘descentralización productiva’.
Ante las palabras de los grupos de la oposición, la portavoz del PSOE, Isabel López i Chamosa, subrayó que la reforma laboral ‘es el mejor acuerdo posible entre los agentes sociales’ y destacó que ‘hacer confluir intereses de sindicatos, patronal y Gobierno, es una tarea difícil’ que en este caso ‘se ha conseguido’.
La diputada socialista recordó la importancia de hacer compatible la sensibilidad de las propuestas sobre la situación laboral de las personas discapacitadas con el cumplimiento de la legislación, para justificar el rechazo del PSOE a algunas enmiendas en esta materia.
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