Los jóvenes deberán tener empleo para recibir las ayudas al alquiler

El informe presentado ayer por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, sobre las medidas que prevé tomar el Gobierno para impulsar el mercado del alquiler, señala que las ayudas para jóvenes requerirán tener un empleo previo de seis meses o un contrato de trabajo para más de medio año.

Entre las novedades, las iniciativas para agilizar los desahucios y dar mayores garantías a los propietarios con el fin de dinamizar la oferta de pisos en alquiler.

En resumen, el plan establece la deducción fiscal del 10,05% para los inquilinos con ingresos inferiores a unos 28.000 euros brutos anuales con carácter universal.

Además, se implanta la renta de emancipación de 210 euros mensuales, los 600 euros de préstamo para la fianza y el coste del aval de seis meses, para los jóvenes inquilinos de entre 22 y 30 años con unos ingresos brutos totales inferiores a 22.000 euros anuales.

Se trata de un paquete integral de medidas impulsado por el Ministerio de Vivienda en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda y Justicia, que incluye un amplio abanico de iniciativas de estímulo tanto de la oferta como de la demanda de alquiler, señala el Gobierno. Sólo el 11% del parque de vivienda es en alquiler.

Deducción universal.

Una de las medidas es la deducción del 10,05%, semejante a la que ya existe para la compra de vivienda, para todos aquellos inquilinos cuyos ingresos no superen los 28.000 euros brutos anuales, con una base máxima de deducción de 9.015 euros. Está previsto que sólo en 2008 la entrada en vigor de esta medida beneficie a más de 700.000 familias y la medida se articulará a través de los Presupuestos.

El Gobierno estudió también la propuesta de Real Decreto para el establecimiento de una renta de emancipación de 210 euros mensuales para los jóvenes durante cuatro años. Esta ayuda está dirigida a los jóvenes de entre 22 y 30 años, titulares del contrato de arrendamiento de la vivienda en la que residan, y que tengan una fuente regular de ingresos inferiores a los 22.000 euros brutos anuales.

Asimismo, el Estado asumirá el coste financiero del aval y un préstamo sin interés por 600 euros para la fianza. La renta de emancipación es compatible con las deducciones por alquiler y con las subvenciones, ayudas o beneficios fiscales que establezcan las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.

Otra de las iniciativas abordadas es el Real Decreto por el que se flexibilizan los requisitos de las ayudas vigentes del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 para facilitar el acceso de los ciudadanos con bajos ingresos a viviendas en arrendamiento.

De esta manera, se eliminan los condicionantes de superficie máxima de la vivienda y las restricciones sobre el precio del alquiler; todo ello con el objetivo de que un mayor número de familias de reducidos ingresos puedan acogerse a estas ayudas.

Deshaucios.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha estudiado la propuesta del Ministerio de Justicia de creación de 10 nuevos juzgados que se especializarán en desahucios, inicialmente en las ciudades donde hay una mayor saturación de estos casos.

Asimismo, se han tomado en consideración algunas medidas de carácter procesal para agilizar los desahucios y la reclamación de rentas impagadas, para hacer frente a los «morosos profesionales», dijo Carme Chacón.

Otra de las modificaciones del Plan de Vivienda 2005-2008 se refiere a la flexibilización de las condiciones de las ayudas para los propietarios de viviendas vacías que opten por ponerlas en alquiler.

Así, se suprime la limitación de 120 metros cuadrados de superficie útil máxima de la vivienda libre desocupada, se incrementa la renta máxima que puede percibir por el alquiler y se suprime la condición sobre el uso de la subvención.

Además, se incluyen nuevas actuaciones dentro del Plan Estatal de Vivienda para fomentar la construcción de vivienda en alquiler en los proyectos de remodelación urbana, con ayudas a los promotores para la renovación de áreas degradadas y la remodelación de barrios, así como para la financiación de 10.000 viviendas en alquiler protegido, con préstamos a bajo interés y una subvención a las cuotas hipotecarias de entre 6.000 y 11.700 euros en función de la ciudad donde se ubique.

Con el objetivo de potenciar la inversión en las viviendas de protección pública para arrendamiento, Chacón informó al Consejo de Ministros de un proyecto de modificación del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, de manera que las sociedades y fondos de inversión inmobiliaria puedan acogerse a los beneficios de financiación pública recogidos en el régimen de VPO.

Así, podrán acogerse a la tributación del 1% y disponer de una mayor capacidad de endeudamiento, que pasa del 50% al 80%, según el plan del Gobierno.

También se ha presentado una propuesta para aplicar el IVA superreducido (4%) a las viviendas de nueva construcción en alquiler de renta básica a 25 años.

En cuanto a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda, está previsto que formalice un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para promover la urbanización de suelo destinado a la construcción de vivienda protegida en alquiler.

En esta misma línea, el Consejo de Ministros ha sido informado de las relaciones entre los Ministerios de Vivienda y Defensa para poner suelo estatal a disposición de las administraciones públicas con el objetivo de aumentar el parque protegido de vivienda en régimen de compra y alquiler.

Así, se ha alcanzado un acuerdo para la firma de un protocolo entre el Ministerio de Vivienda, a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo, y el Ministerio de Defensa, a través de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, para movilizar suelo para vivienda protegida.

Cambia la SPA.

Por último, el Consejo de Ministros ha conocido dos iniciativas de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). La primera de ellas se refiere a la extensión de su actividad de intermediación a los grandes operadores privados que gestionan vivienda en alquiler (fondos inmobiliarios, sociedades de arrendamientos, cooperativas) lo que posibilitará el incremento de la oferta de viviendas de calidad a disposición de los demandantes.

Por otro lado, la SPA creará un nuevo servicio, el «Alquiler Seguro», para los propietarios que quieran utilizar sólo los seguros multirriesgo, de impago y asistencia jurídica, que actualmente ofrece. Se prevé que este nuevo producto permita incrementar la intermediación de nuevos contratos de alquiler por parte de la Sociedad.