En el proceso de internacionalización de nuestras empresas, la movilidad internacional de los trabajadores se está convirtiendo en una pieza clave de su estrategia y cultura corporativa. Las empresas necesitan trasladar a su personal a aquellos lugares en los que el negocio lo requiera, como también necesita contratar talento allí donde se encuentre.
No olvidemos que el 3,4% de la población mundial vive fuera de su país y que esto se traduce en un gran flujo económico generado por las empresas y sus movilizados, que beneficia tanto al país de destino como al de origen.
Sin embargo, hoy en día nos encontramos con una entorno cambiante e incierto en el ámbito migratorio y de movilidad internacional de empleados donde conviven dos movimientos contrarios, que ha conducido a algunos Estados hacia el proteccionismo y a cerrar fronteras, mientras que otros apoyan los beneficios de la inmigración.
Esta dualidad política y social, nos ha llevado a reivindicar la semana pasada, en el primer Congreso de la Asociación de Expertos en Movilidad Internacional (AIAL), la necesidad de crear un Estatuto del Expatriado en España para regular esta figura, un vacío legal que cada vez se hace más necesario, debido a la necesidad de atraer talento y mantener los sistemas sociales por envejecimiento poblacional.
Por una parte, encontramos movimientos proteccionistas que de algún modo aseveran que los inmigrantes atraviesan las fronteras y dejan a otros sin trabajo, o bien suponen una carga para los contribuyentes y una amenaza para la cultura local. Así lo muestran recientes hechos políticos como el Brexit, referéndums como el de Suiza donde se han reinstaurado las cuotas de inmigración incluso para los ciudadanos procedentes de la UE, o la reciente elección de Donald Trump en EE.UU.
Las llegadas de peticionarios de asilo que comenzaron en 2011 con las “primaveras árabes”, así como la guerra en Siria que ha causado más de 4 millones de refugiados, han propiciado una crisis que ha obligado a la UE a replantearse su sistema de asilo y de gestión de la inmigración y a hacerlo de forma rápida para frenar un flujo que no se detiene y cuyas consecuencias inmediatas enfrentan a los Estados miembros entre sí y amenazan uno de los principales logros de la UE, el espacio sin fronteras de Schengen.
En la otra cara encontramos propulsores de una política a favor de una migración cualificada como manera de estimular el crecimiento económico, satisfacer la escasez de talento y ayudar a crear sociedades más dinámicas. Son corrientes cuya visión es que la inmigración supone unos beneficios económicos significativos, una fuente de transferencias de capital, comercio, inversión, conocimientos y tecnologías. «Las oportunidades son mucho mayores que los riesgos, sólo tenemos que aprovecharlas y utilizarlas”, aseguraba Ángela Merkel.
No olvidemos que Europa necesitará sumar 50 millones de trabajadores en las próximas tres décadas y media si quiere mantener sus sistemas sociales debido al envejecimiento de la población. Asimismo, y en el futuro se necesitará más mano de obra cualificada, más talento aún.
La Comisión Europea ha tomado medidas que potencien la movilidad de empleados cualificados. En mayo de 2009 introduce la famosa directiva de la “Blue Crad” que prevé la promoción de la admisión y la movilidad de nacionales de terceros países para estancias superiores a 3 meses, para fines de empleo altamente cualificado, “a fin de que la Comunidad se convierta en un destino más atractivo para estos trabajadores procedentes de todo el mundo y contribuir a la competitividad y el crecimiento económico”. Entra así en competencia con destinos tradicionales de estos trabajadores como los Estados Unidos (principalmente), Canadá o Australia. Sin embargo, la tarjeta azul está infrautilizada y la UE debe ser capaz revitalizarla implantando un régimen atractivo e uniforme en todos los Estados.
En España la Ley de Apoyo a los Emprendedores incluye varias medidas para incentivar tanto la inversión en capital como la iniciativa empresarial y la llegada de personal altamente cualificado de terceros países. Pero aún estamos lejos de programas como el de Los Países Bajos, el más ambicioso de la UE, para la atracción de inmigración muy cualificada, cuyo único requisito es la obtención de un salario por encima del 150% del salario medio. En EEUU se está planteando en la propuesta de reforma migratoria que cualquier persona con un título de doctorado pueda obtener un permiso de trabajo y residencia. Veremos qué ocurre con el nuevo ejecutivo de Trump.
Con todo este panorama, disponer de normas migratorias que faciliten estos movimientos es fundamental empresas y Estados. Es, por todo ello, que reivindicamos unánimemente un Estatuto del Expatriado en España, que regule todos los aspectos concernientes a su movilidad internacional. Con este Estatuto tendríamos la seguridad de regular todos los aspectos jurídicos que forman parte de la expatriación, como las políticas de migración, necesidad de gestionar una fiscalidad propia, una política de recursos humanos concreta, la propia seguridad social, y crear una nueva figura dentro del derecho del trabajo.
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