Periódicamente se publican diferentes informes que ponen de manifiesto la difícil situación que afrontan los jóvenes en el mercado laboral. Estos documentos no solo nos proporcionan datos estadísticos sobre el porcentaje de desempleo entre los jóvenes, sino que también nos muestran la realidad y dificultades que este colectivo tiene desde que la crisis dio comienzo a principios de 2007 para encontrar y mantener un puesto de trabajo de calidad.
En España, según el último informe de la OCDE, uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja en España, es decir, alrededor de 1,6 millones.
Para mejorar esta situación, la Comisión Europea ha implementado una iniciativa denominada Garantía Juvenil, cuya finalidad es disminuir el porcentaje de jóvenes desempleados en Europa a través de la realización de prácticas en empresas o vía formación.
Para acometer tal finalidad es fundamental analizar, no solamente las carencias formativas del joven, sino también preguntarnos qué prácticas o qué formación es la adecuada y va a ofrecerle más oportunidades. En este sentido es necesario tener en cuenta que en los procesos de selección para cubrir vacantes muchas empresas no encuentran perfiles de jóvenes que encajen con sus necesidades. A pesar de disponer de un título académico, muchos candidatos no poseen las competencias o habilidades que las empresas requieren.
Una de las principales herramientas de las que disponemos para luchar contra esta situación, es proporcionar una formación de calidad que se ajuste a las necesidades de las empresas. Para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, es necesario que primero, escuchemos a las empresas. Si no sabemos qué demanda el mercado laboral, no podremos moldear la oferta y la brecha seguirá existiendo, a pesar de que haya nuevas vacantes.
A tal efecto, si queremos aumentar la tasa de empleo juvenil, ya no es válido únicamente trabajar para fomentar y facilitar el acceso a la formación, independientemente del nivel y área de conocimiento, sino que se torna fundamental proporcionar una formación que realmente vaya ligada a una demanda real por parte de las compañías. Por lo tanto, debemos conocer en primer lugar qué tipo de perfiles y qué competencias necesitan y buscan las empresas para ajustar, en segundo lugar, la formación a proporcionar.
Es decir, si queremos conseguir una mayor competitividad y productividad en las empresas de nuestro territorio, así como un consecuente aumento del empleo juvenil, debemos trabajar para ajustar la educación a las necesidades de la economía real. Si ayudamos a los jóvenes a adquirir capacidades y competencias que realmente serán puestas en práctica en la empresa, estaremos contribuyendo a mejorar la competitividad, tanto al profesional como a la propia empresa.
Además de los conocimientos ligados a la posesión de un título, el mundo empresarial valora cada vez más competencias como, por ejemplo, el sentido de la responsabilidad, la comunicación verbal o el compromiso. Otra barrera que las empresas se encuentran a la hora de contratar es que en ocasiones tienen que dedicar tiempo y recursos para reconvertir y formar a los egresados en competencias específicas, puesto que no encuentran los profesionales con las habilidades concretas que requieren para el correcto desempeño del puesto.
Para conseguir un balance entre la oferta y la demanda, es necesario trabajar para fortalecer la relación con las empresas y permitir que éstas participen activamente en la mejora de políticas educativas y, sobre todo que puedan exponer y compartir sus necesidades y su demanda de formación.
Igualmente, se debe hacer un esfuerzo para dotar a los centros educativos con recursos que ayuden a implementar un servicio de asesoramiento y orientación profesional que informe a los jóvenes sobre cuáles son titulaciones académicas que más tasa de empleabilidad ostentan. Ello con el objetivo de que antes de comenzar sus estudios de grado medio o superior elijan una formación que posteriormente les facilite su inserción en el mercado de trabajo.
Por último, cabe destacar que, dada la envergadura de la problemática del desempleo juvenil en nuestro país, la Cámara de Comercio de España decidió tomar parte de la iniciativa de Garantía Juvenil, velando por la mejora de las competencias de nuestros jóvenes pero también haciendo prevalecer este enfoque orientado a canalizar la demanda empresarial en formación específica. Para ello la Cámara de España diseñó el Programa Integral de Cualificación y empleo (PICE), el cual está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). Este programa, con una dotación de ayuda de 180.825.471€, es ejecutado por las Cámaras de Comercio territoriales y permite ofrecer oportunidades de mejora de la empleabilidad a través de formación para el empleo, acciones de acompañamiento a empresas, o apoyo a la búsqueda de empleo a los jóvenes que son beneficiarios del SNGJ.
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